Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
El PAN es el único partido político de oposición, que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de reforma político-electoral el pasado 11 de mayo de 2022, entre los diputados federales firmantes se encuentra un experimentado panista como lo es Humberto Aguilar Coronado. Pero, ¿qué propone este partido de oposición?, presentaron dos iniciativas, una de reforma constitucional y otra de reforma a las leyes secundarias en materia electoral; dentro de la primera formula cuatro puntos:
- Segunda vuelta electoral,
- Nulidad de la elección por participación del crimen organizado,
- Lista plurinominal,
- Gobierno de coalición.
Y en las leyes secundarias, tanto la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), y la Ley General de Partidos Políticos, proponen reformar los siguientes cinco puntos:
- Elecciones primarias,
- Reducción de la sobrerrepresentación en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión,
- Nulidad de elecciones por involucramiento del crimen organizado,
- Candidaturas comunes,
- Voto electrónico.
Indudablemente que se alejan de la propuesta presidencial, sólo existe un punto de coincidencia, que es el voto electrónico, es pertinente mencionar que en su conjunto es una propuesta político-electoral minimalista. Analizaré cada uno de los puntos, por ejemplo, proponer una segunda vuelta electoral bajo un diagnóstico muy simple y pobre, puesto que su razonamiento es evitar la judicialización de la elección, cuando esta última ha tomado carta de naturalización en la política mexicana, pero va más allá, afirmando que sería garante de la gobernabilidad; por lo tanto, son dos premisas falsas, puesto que una segunda vuelta electoral no inhibe o desaparece el proceso de judicialización y, apoyarse en la narrativa de la gobernabilidad, de allí parte su confusión, porque aquella se explica por la legitimidad de la propia elección y la eficacia en el gobierno, pero hoy en día frente a la complejidad que vive el país, se debe pensar más en gobernanza que refuerce a la propia gobernabilidad, de allí que es una propuesta muy limitada.
En cuanto a la participación del crimen organizado en las elecciones, en lugar de dejarle ese trabajo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en primera instancia es una responsabilidad partidista en cuanto a la postulación de sus candidatos, quienes podrían estar sujetos de origen al financiamiento oscuro por parte de esos grupos ilegales, tan solo hay que observar los estados de Michoacán, Guerrero, en donde la captura de diversos ayuntamientos se da bajo la ecuación financiamiento ilegal de las campañas electorales que se traduce en la realización de la obra pública municipal; ahora resulta que en buena medida el tribunal electoral ahora sustituirá a la FEPADE y a la FGR.
La gran “innovación” que hacen es en cuanto a la conformación de las listas plurinominales, que las dividen en dos listas; la lista A, que son veinte mujeres y hombres electos por los partidos políticos, y la lista B, en donde se premiaran a los candidatos de mayoría relativa que perdieron sus elecciones, pero que obtuvieron las votaciones más altas en la derrota electoral en sus distritos electorales federales.
En el tema de los “gobiernos de coalición”, ésta es una pifia en la propuesta, porque ya está contemplada en la reforma político-electoral de 2014.
Por otra parte, con la iniciativa que presentaron para reformar la LGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, en la cual contemplan lo siguiente:
- Elecciones primarias obligatorias,
- Sobrerrepresentación en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión (reducirla del 8% al 4%),
- Nulidad de elecciones por involucramiento del crimen organizado,
- Candidaturas comunes,
- Voto electrónico.
En la condición interna del PAN donde los padrones electorales están secuestrados por grupos fácticos internos, una elección primaria suena como a una broma de mal gusto, la pregunta central es: ¿cuál es el beneficio para los partidos políticos?, por ejemplo, en el PRD las elecciones internas terminaban en gresca y en fraude interno; en el caso de Morena, en Jalisco hubo hasta balazos en su elección interna, una elección con un padrón impugnado; si la intención es la democratización de los partidos políticos, cuando absolutamente todos tienen una cultura política priista, “si no gano, arrebato”, este ya no es el PAN de Manuel Gómez Morín, en donde se acentúo la civilización de la democracia interna, esto simplemente ya no existe.
En cuanto a la sobrerrepresentación, la propuesta de reducirla del 8% al 4%, puede ser viable, pero lo mejor es desaparecer esa cláusula de gobernabilidad que tiene el Congreso de la Unión, porque obstaculiza los contrapesos expresados en las urnas. Si bien el PAN tiene presente la sobrerrepresentación de Morena en la cámara de diputados en 2018, quien obtuvo el 43.6% de la votación, pero llegó al 61.6%, quebrando el límite constitucional del 49%, pasaron de 191 diputados federales de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional (RP) a 308 diputados federales, esto porque el PES se quedó sin registro y sus 56 diputados de MR los absorbió Morena, y el PT le cedió sus 58 diputados de MR, llegando así a 220 diputados de MR y se reajustó en la cámara de diputados los límites para tener 88 diputados de RP, llegando así a 308 diputados federales.
Finalmente, se puede decir que la propuesta panista carece de ubicuidad en el actual debate político sobre dicha reforma electoral, optaron por no entrar al debate presidencial, proponiendo cosas ya legisladas, como los gobiernos de coalición, una absurda segunda vuelta electoral, la cual ya había sido ensayada hace algunos años en el estado de San Luis Potosí, llegando la abstención municipal hasta un 80%, entonces ni se judicializó ni hubo ingobernabilidad local, lo que si hubo fue una gran desafección ciudadana hacia esa medida de legitimación política; y una absurda sustitución de funciones del TEPJF para anular elecciones cuando intervenga en crimen organizado, ¿cómo lo van a medir?, ¿bajo qué pruebas se basarán para la anulación?, quizá sea pertinente retomar la anulación abstracta en lugar de esta ocurrencia legislativa.
30 de mayo de 2022
